Introducción
La corrupción era un problema muy extendido durante la dinastía Qīng 清. Tal era su magnitud, que precipitó la caída de la dinastía. A menudo se ha citado la corrupción como causa subyacente de los levantamientos y rebeliones que surgieron durante el siglo XIX, así como justificación de las actividades de sociedades secretas y ciertos círculos de artes marciales en su supuesta lucha contra el gobierno. En este contexto es, en cierta medida, una justificación para el nacionalismo chino, que desprecia a los manchúes como bárbaros extranjeros y ensalza la superioridad de la etnia han 漢.
En los círculos de artes marciales del Sur de China, como el Hung Ga Kyun 洪家拳, el Choy Li Fut 蔡李佛 o el Wing Chun 詠春, la corrupción habría sido la justificación para proclamar el famoso Fǎn Qīng fù Míng 反清復明 (“Expulsar a los Qīng y Restaurar a los Míng”). Ya hemos hablado en otras ocasiones (Las Sociedades Secretas y el Origen de las Tríadas) de cómo este lema fue creado a posteriori por sociedades secretas y grupos ilegales. En este artículo queremos exponer el problema real de la corrupción: su magnitud, sus causas y las medidas que se tomaron para lidiar con él, además de examinar en particular el que posiblemente sea el caso más famoso de corrupción: el caso de Héshēn 和珅 hacia el final del reinado de Qiánlóng 乾隆.
Para ello vamos a apoyarnos en los estudios de Nancy E. Park y de Chong-chor Lau & Rance P.L. Lee, que han estudiado la corrupción en los siglos XVIII y XIX, respectivamente, así como en los estudios de Shawn Ni & Pham Hoang Van y de Wook Yoon, citados abajo del todo en el apartado “Fuentes”.
Definición de corrupción
El primer problema con el que tratamos es el de definir qué se consideraba corrupción, pues es éste un concepto flexible, que podía interpretarse de manera diferente de acuerdo a costumbres, ética y un sentido del pragmatismo diferentes, y lo que se interpretaba como corrupción por parte del gobierno no necesariamente correspondía con exactitud a lo que se interpretaba como tal por parte del resto del pueblo.
El gobierno Qīng entendía la corrupción como la apropiación indebida de fondos y provisiones públicos, así como el uso del poder para obtener beneficio personal. Esta definición entraba dentro de los actos ilegales clasificados como sīzuì 私罪 (delitos privados); en contraposición a los catalogados como gōngzuì 公罪 (delitos públicos), que eran actos cometidos durante el ejercicio profesional de un funcionario, pero considerados inintencionados (negligencias) y que no buscaban la ganancia personal.
Así pues, los actos de corrupción eran aquellos cometidos por funcionarios de gobierno que implicaban una intención de beneficio propio.
Los actos de corrupción, a su vez, pueden clasificarse en aquellos dirigidos al gobierno — malversación de fondos para trabajos públicos, fondos militares y propiedades públicas; acuñación de falsa moneda, etc.— y aquellos dirigidos al pueblo —ingreso de dinero por ejecución indebida de deberes oficiales, extorsión mediante la creación de nuevas tasas o impuestos, cobro de impuestos irregulares, aceptación o demanda de sobornos a cambio de favores, permitir a miembros de la familia o subordinados demandar tasas indebidas, extorsionar dinero mediante tortura de sospechosos criminales.
Debido a la estructura de la burocracia imperial, la corrupción dirigida al pueblo era la más extendida (el 63% de los casos durante el s. XIX), a pesar de ser la más duramente castigada, concentrándose en el nivel más bajo de la burocracia imperial.
De entre todos los magistrados de provincia, prefectura y distrito, los últimos fueron los más castigados por corrupción, seguramente porque tenían más contacto directo con la gente local.
Un problema de definición: los regalos
La costumbre, común en China, de ofrecer e intercambiar regalos supone un problema añadido a la hora de determinar ciertos actos corruptos.
Los regalos (kuì 饋) cumplían un papel esencial en la cultura de China desde la antigüedad. Era común, así, entregar regalos para conmemorar el cumpleaños de un superior, el nombramiento para un nuevo puesto, una visita oficial o ciertas festividades.
Diferenciar qué era un regalo y qué un soborno (lù 賂) no era algo claro y sencillo. A menudo, esta distinción era arbitraria y parece haber estado basada en percepciones subjetivas más que en criterios objetivos. Los regalos, aunque hechos de manera sincera, podían potencialmente corromper al recipiente e influenciar sus decisiones.
Por ello, los emperadores manchúes trataron de limitar la práctica de entregar regalos, por una parte, estableciendo límites al valor o al tipo de bienes que podían ser recibidos y, por otra, prohibiendo a los magistrados y prefectos visitar a sus superiores si no era en asuntos oficiales.
Sin embargo, el intercambio de regalos y favores era a menudo una expresión de respeto y amistad y servía para cimentar una compleja red social de obligaciones recíprocas. En muchas ocasiones, pues, lo que según la ley era un intercambio ilícito podía ser considerado apropiado según las normas sociales y permitido dentro de la cultura de gobierno.
Nos encontramos, pues, con un dilema a la hora de considerar qué es un soborno y qué un regalo lícito, ya que, entre ambos extremos, existe todo un continuo ambiguo y sujeto a interpretaciones subjetivas. Encontramos muestra de esta ambigüedad en los puntos de vista contradictorios expresados en comentarios oficiales, edictos imperiales y juicios de magistrados.
Causas de la corrupción:
A pesar de estar duramente castigada, la corrupción floreció en cada rincón del imperio durante la dinastía Qing, aunque, como veremos más adelante, la raíz del problema venía de antes.
Salarios bajos
La mayoría de estudios sobre la corrupción en este período coinciden en la identificación de la causa principal del problema: los salarios de los funcionarios eran, generalmente, demasiado bajos. No sólo eso, sino que además un funcionario tenía que incurrir en una serie de gastos para administrar su cargo, gastos que se esperaba que asumiera de su propio bolsillo.
Por ejemplo, un magistrado de distrito tenía que contratar a varios secretarios personales (mùyǒu 幕友), cuyos salarios debía pagar él mismo. Tenía, además, a su cargo, varios empleados o secretarios del gobierno (shūlì 書吏) que, aunque recibían su salario de la administración, percibían una paga tan mísera que muchas veces no eran capaces de satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación para sí mismos; mucho menos para su familia.
Por tanto, si el magistrado quería mantener su administración de manera honesta, debía subvencionar a sus empleados de su propia paga. Así, el gasto total necesario para hacer funcionar su puesto era mucho mayor que sus ingresos legales. Aunque, como veremos un poco más adelante, existían otros ingresos legales además del salario regular, estos ingresos seguían siendo generalmente insuficientes.
De esta manera, el estado dependía de fuentes de financiación extralegales para poder funcionar. Una de estas fuentes de ingresos era la exacción de impuestos irregulares conocidos como lòuguī 陋規 (literalmente, “prácticas reprobables”). Estos fondos eran recaudados regularmente de la población local por una figura de autoridad, de manera adicional a los impuestos establecidos por la ley. Aunque eran ilícitos, la población solía aceptarlos porque se entendía que sin ellos los funcionarios del gobierno no podían cumplir con sus labores administrativas.
La cantidad de estos impuestos irregulares no estaba establecida formalmente, pero se regía por la costumbre local. Mientras los importes recaudados se mantuvieran dentro de los límites habituales, la población los toleraba. Si un funcionario se excedía en su demanda, corría el riesgo de provocar revueltas y levantamientos locales.
Tenemos aquí, pues, un nuevo problema para identificar la corrupción. ¿Cuándo suponía la exacción de impuestos irregulares una práctica inevitable y necesaria para hacer funcionar la administración, y cuándo estaba regida por intereses de ganancia personal? La percepción por parte de las autoridades no tenía por qué coincidir con la percepción del pueblo que pagaba estas tasas.
Presiones sociales
Por otra parte, para llegar a ejercer como funcionario, había que invertir grandes sumas de dinero que en la mayoría de los casos habían sido prestadas, y tenían que devolverse. Las dos vías de acceso al funcionariado eran los exámenes imperiales y la compra del puesto. Ésta última posibilidad se había instaurado con la intención de incrementar los ingresos del estado. Por otro lado, la examinación requería de años, incluso décadas, de preparación y estudio y, si se aprobaba —sólo unos pocos entre decenas de miles lo hacían—, de nuevo podían pasar años hasta que se le adjudicaba un cargo.
Exámenes civiles de acceso al funcionariado.
Por ello, tanto por una vía como por otra, cuando un funcionario asumía su cargo probablemente había acumulado grandes deudas hacia aquellos que le habían apoyado, que se esperaba que saldase con prontitud, o de lo contrario cargaría con un importante estigma social. Pero, si dependía de su salario regular, podría tardar muchos años en cumplir.
A estas presiones se sumaban otras relativas al nivel de vida que se esperaba que llevasen los funcionarios, que pertenecían a la clase social más alta, consumiendo productos de alta calidad y ofreciendo generosos regalos, contribuyendo a obras de caridad pública o subvencionando proyectos en sus comunidades natales, entreteniendo a sus superiores y ayudando a amigos y parientes.
Concentración de poder
Sólo los salarios bajos y los gastos administrativos no eran suficiente causa para una corrupción sostenida a larga escala. Lo que hacía posible la corrupción era la combinación de salarios bajos y concentración de poder en los funcionarios, pues éstos ejercían, además de como administradores de asuntos públicos, como recaudadores de impuestos y jueces en los tribunales locales.
Esta multiplicidad de roles hacía difícil controlar su poder e invalidaba alguno de los mecanismos de prevención de la corrupción.
Dependencia de los secretarios de gobierno locales
Finalmente, otra causa de la corrupción era la dependencia que los funcionarios tenían de los secretarios del gobierno local. Esto se debía a que los funcionarios eran transferidos a diferentes localidades como máximo cada tres años, precisamente para evitar la corrupción, con la intención de impedir que desarrollasen lazos estrechos con la población local que pudiesen afectar sus decisiones.
Eran, pues, estos secretarios del gobierno local, que estaban permanentemente ligados al ministerio, los que tenían mayor conocimiento de los asuntos locales. Tenían también conocimiento especializado, en contraposición con la erudición general —historia, literatura, conocimiento de los clásicos confucianos— que adquirían los magistrados en la preparación para los exámenes imperiales, y eran responsables de ejercer una serie de tareas administrativas que el funcionario a cargo simplemente no podía abarcar.
Debido a esta dependencia, los secretarios a menudo estaban en posición de sabotear las políticas de los magistrados y de chantajear a la gente local. Con frecuencia se les permitía e incluso se les pedía cobrar impuestos adicionales a la población o a funcionarios de un nivel más bajo, de los cuales entregaban una parte acordada a su superior y guardaban otra para sí.
Como hemos visto, el cobro de impuestos irregulares estaba regido por las costumbres locales. Un funcionario del gobierno no debía, pues, permitir a sus secretarios cobrar impuestos más allá de los límites habituales, pero éstos a menudo se excedían.
Vemos así que la propia estructura burocrática conducía de forma más o menos inevitable a prácticas corruptas.
Medidas y castigos:
La corrupción estaba tan extendida que preocupaba grandemente a los emperadores y funcionarios de alto rango, y se disponía de una serie de medidas de prevención y de castigo con el fin de evitarla.
Medidas de prevención
La primera forma en que se esperaba evitar la corrupción era a través de la educación moral que recibían los candidatos a los exámenes imperiales. Tras años de educación confuciana en los valores de un buen gobernante, el aspirante debía al menos conocer y respetar las normas morales. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios encontraban la realidad tan distinta, que tomaban estas ideas simplemente como algo sobre lo que explayarse en los exámenes, con poca aplicación práctica en la vida real.
De forma algo más pragmática, existía un sistema de responsabilidades, por el cual un superior debía supervisar a sus subordinados en el cumplimiento de sus deberes, y perseguir y reportar cualquier acción indebida, pudiendo ser hecho él mismo responsable de las faltas de aquellos que estaban a su cargo. Asimismo, debía dar cuenta de sus propias obligaciones ante sus superiores.
Sin embargo, debido a la necesidad de encontrar financiación al margen de la legalidad, el sistema de responsabilidades a menudo conducía al desarrollo de redes de corrupción organizadas que involucraban a funcionarios de varios rangos. Así, cuando un funcionario demandaba pagos indebidos a sus subordinados, debía aceptar encubrir las fechorías de éstos.
Por otra parte, estaban la regla de evitación del distrito natal y la de traslado periódico. La primera estipulaba que un funcionario no podía ser elegido para un cargo en su distrito natal, para evitar que fuese sometido a presiones sociales para favorecer a amigos y parientes. Por esta misma razón, tampoco podía casarse con una mujer del distrito en que servía.
La regla de traslado periódico, que ya hemos mencionado antes, dictaba que un funcionario no podía permanecer en un mismo destino por más de tres años, debiendo ser transferido a otro lugar al cumplir ese plazo, para evitar desarrollar relaciones estrechas con habitantes locales que perjudicasen su imparcialidad. A pesar del límite de tres años, la duración media de un cargo rondaba los dos años.
Finalmente, y teniendo en cuenta la necesidad de un salario realista, se tomaron una serie de medidas para incrementar los ingresos legales de los funcionarios, que incluían una serie de ingresos adicionales.
A este respecto, el emperador Yōngzhèng 雍正 implementó el sistema de yǎnglián 養廉, un salario suplementario que en teoría debía servir para motivar la integridad de los funcionarios. El yǎnglián suponía un ingreso mucho mayor que el salario regular (fènglù 俸祿). Por ejemplo, el salario regular de un funcionario de distrito en Jiāngsū 江苏 en el año 1851 era de 45 taeles de plata anuales, mientras que su yǎnglián podía llegar a los 1.800 taeles.
La cantidad del yǎnglián no era regular, y dependía del puesto concreto más que de la categoría de éste. Además, parte de la suma se pagaba en especie o podía retenerse como contribución obligatoria a necesidades públicas. Además del yǎnglián, los magistrados también podían recibir una cierta cantidad de fondos del gobierno para gastos administrativos (gōngfèi 公費).
Además de estar destinadas a prevenir la corrupción, las normas de evitación del distrito natal y de traslado periódico evitaban también la formación de conexiones que pudieran utilizarse para liderar disturbios o revueltas contra la autoridad imperial. No obstante, y como ya hemos mencionado, provocaban de hecho la dependencia de los funcionarios en los secretarios locales, dependencia que terminaba favoreciendo la corrupción.
Tampoco las medidas destinadas a incrementar los ingresos resultaron efectivas pues, como veremos a continuación, había mucho más que ganar siendo corrupto que siendo honrado.
El sistema de castigos
El sistema de castigos, en la medida en que pretendía desalentar las prácticas corruptas, era en sí mismo una medida de prevención.
En general, la ley era dura con la corrupción, la cual castigaba más severamente que otros delitos. Asimismo, los actos corruptos dirigidos al pueblo recibían mayores castigos que aquellos dirigidos al propio gobierno.
Además de sanciones administrativas —multas, reducción de salario, reducción de categoría o rango, traslado o despido—, la corrupción conllevaba también duros castigos penales, que iban desde veinte azotes con una vara de bambú hasta la muerte por estrangulación, pasando por la prisión o el exilio.
La dureza de las penas hacía que embolsarse cantidades relativamente pequeñas de dinero no mereciera la pena. Por ejemplo, recibir quince taeles de plata a cambio de favores ilegítimos suponía una condena de entre setenta y cien golpes con una vara de bambú pesada. Esta cantidad de golpes podía fácilmente matar a cualquiera; por ello, no era un castigo mucho mejor que la muerte por estrangulación, estipulada para aquellos que recibían más de ochenta taeles a cambio de favores. Esta regulación hacía que, si un funcionario se arriesgaba a sacar dinero de prácticas corruptas, intentase sacar siempre lo máximo posible.
Para denunciar la corrupción, cualquier persona podía remitir un escrito reportando los actos ilícitos de un funcionario a las oficinas gubernamentales del distrito (yámén 衙門). Tanto si el gobierno local no investigaba el caso, o si el denunciante no quedaba satisfecho con el juicio, éste podía acudir a las autoridades provinciales e, incluso, a las autoridades nacionales.
No obstante, el denunciante corría riesgos considerables al iniciar un proceso legal contra un funcionario. Aunque la ley era igual para todos, no se aplicaba de igual manera y tendía a favorecer a los más ricos. Un demandante pobre, de condición social baja y que no estuviera bien relacionado no tenía muchas posibilidades de satisfacer sus intereses como demandante. Además, tanto demandantes como demandados podían ser interrogados bajo tortura, y el interrogador no perdería ocasión de extorsionar a ambos para sacar provecho, favoreciendo sin duda a quien más pudiera pagar.
De esta forma, la mayoría de la gente común toleraba generalmente la corrupción gubernamental, y sólo se arriesgaba a cursar denuncias cuando estaba en juego su supervivencia.
Por otra parte, encontramos en la aplicación de las penas los mismos problemas que hallamos a la hora de definir qué es corrupción. Por ejemplo, el cobro de impuestos irregulares era generalmente una necesidad administrativa, e iba acompañado de formas sutiles de intimidación, por lo que era difícil de diferenciar de la extorsión realizada para beneficio personal —la cual se condenaba con la decapitación inmediata—. Que el cobro de estos impuestos pudiera ser contemplado como extorsión dependía de circunstancias particulares, como las cantidades demandadas o los fines para los que se recaudaban.
Por todo ello, existía bastante flexibilidad en la aplicación de la ley, y muchos casos eran tolerados, si bien no contaban con la aprobación del gobierno. Así, la ley contra la corrupción parece haberse aplicado de manera arbitraria, siguiendo criterios subjetivos de índole política en vez de criterios objetivos. En definitiva, si la ley se hubiese aplicado al pie de la letra, la mayoría de los funcionarios hubiesen merecido la pena capital. Quienes fueron condenados generalmente estaban bajo investigación por otros delitos, y recibieron castigos rápidos y duros. El gobierno usó así la ley contra la corrupción como un arma política y, como veremos más adelante, las rivalidades políticas para controlar la corrupción.
En definitiva, las medidas de castigo impuestas a los delitos de corrupción no parecen haber sido efectivas. Las razones de ello son varias. Primero, la precariedad de los salarios hacía que hubiera mucho más que ganar siendo corrupto que siendo honrado; por otra parte, la dureza con que se castigaban los delitos más leves de corrupción impelía, cuando ésta existía, a una mayor magnitud, es decir, a intentar ingresar el máximo posible cuanto antes. Un problema añadido era la dificultad para determinar qué era corrupción, especialmente cuando los impuestos extraordinarios eran una necesidad reconocida para gestionar la administración.
Finalmente, los riesgos que corrían los demandantes hacían que los delitos sólo fueran denunciados cuando el posible beneficio que se derivaba de ello compensaba con creces los riesgos. El hecho de los tipos de corrupción que se castigaban con más severidad —la dirigida al pueblo— fuesen los más comunes es un signo de la ineficacia del sistema de castigos.
La magnitud de la corrupción
Como hemos mencionado, un funcionario intentaba, normalmente, sacar el máximo provecho en el menor tiempo posible. El pensamiento popular de la época parece haber estado marcado por las siguientes suposiciones: 1) que los funcionarios eran casi siempre corruptos, 2) que quien no lo era no podía prosperar, y 3) que quien tenía honradez se abstenía de participar en el gobierno.
El proverbio popular “el dinero cae a las manos del administrador del yámén como la oveja en las fauces del tigre” (qián luòchā shǒu, yáng luò hǔkǒu 錢落差手, 羊落虎口) parece dar cuenta de esta idea.
Pero, ¿cómo se traduce esto en cifras? Contando los ingresos legales anuales de todos los funcionarios del gobierno tenemos una cifra aproximada de 6,3 millones de taeles de plata, repartida de la siguiente forma: 1,4 millones en salarios, 4,3 millones en yǎnglián, y 0,6 millones en gastos administrativos (gōngfèi).
Por el contrario, se estima que los ingresos no legales en el año 1880 llegaron a sumar 115 millones de taeles, una cantidad más de 18 veces mayor. A su vez, de entre 23.000 funcionarios, más de la mitad de este ingreso se concentraba sólo en 1.700 de ellos.
En las zonas rurales, la imposición de impuestos irregulares sobre la tierra sólo era posible cuando había un excedente de producción agrícola. Algunos estudios (Shawn Ni et al., 2006) sugieren que, como los funcionarios tenían tanto poder en estas zonas, la propiedad nominal de la tierra no importaba, pues el funcionario podía cobrar el excedente en virtud de su posición. Es decir, el ingreso del funcionario habría sido el mismo que si fuera él el propietario de la tierra.
El gobierno Qīng intentó detener la corrupción incrementando los salarios al triple. Pero, para cuando lo hizo, la corrupción estaba ya tan arraigada que ningún incremento fiscalmente posible hubiera podido desarraigarla. Como se entiende por las cifras mencionadas, las reformas del salario tuvieron poco impacto porque, a pesar de ser generosas, eran todavía insignificantes comparadas con los ingresos de la corrupción.
El caso de Héshēn
Cuando hablamos de corrupción durante la dinastía Qīng, no podemos pasar de largo sin hablar de Héshēn, un personaje que ha pasado a la historia como uno de los más grandes villanos de China. No obstante, y como suele ocurrir en la historia del país, mucho de los que se dice de Héshēn es más una leyenda que una realidad. Al mismo tiempo, también se olvidan las contribuciones meritorias que él y su camarilla hicieron a la dinastía.
Como un relato exhaustivo de la vida de Héshēn escapa al espectro de este artículo, intentaremos sintetizar.
Héshēn era un miembro de una familia aristocrática manchú que, a los veintidós años, comenzó a trabajar como guardia imperial en la Ciudad Prohibida. Se cree que el emperador quedó prendado de él, pues ascendió en un lapso de tiempo muy breve —cuatro años— a formar parte del Gran Consejo (Jūnjī Chù 軍機處). Este organismo se ocupaba de importantes asuntos como supervisar los exámenes civiles, supervisar trabajos de construcción, dirigir fuerzas militares en combate o gestionar asuntos personales del emperador. Como, por aquel entonces, el Gran Consejo no estaba sujeto al escrutinio del Censorado (Dūchá Yuàn 都察院), era un organismo altamente susceptible de corrupción.
A pesar de que Héshēn fue afianzando su poder con el tiempo, incluso casando a su hija con uno de los hijos favoritos del emperador, no fue en único miembro del Gran Consejo en hacerlo. Qiánlóng también nombró como miembros del Gran Consejo a rivales políticos de Héshēn, de forma que se establecieron dos facciones rivales dentro de este órgano: la camarilla de Héshēn y una camarilla rival liderada en un principio por Ākèdūn 阿克敦 y Liú Tǒngxūn 劉統勳.
Wook Yoon, en su estudio entre las relaciones de estas dos facciones rivales, propone que el emperador Qiánlóng usó las disensiones y la rivalidad entre ambas como herramienta para controlar la corrupción en el Gran Consejo. Así, la vigilancia que habrían mantenido ambos grupos uno sobre el otro habría servido como límite a las actividades corruptas de sus miembros que, como hemos dicho, no estaban sujetos a la supervisión del Censorado.
Héshēn 和珅.
Normalmente, la época del ascenso de Héshēn es vista como la época en que la dinastía Qīng pasó del esplendor a la decadencia. Sin embargo, suele olvidarse que en esta misma época, algunas de las campañas militares más exitosas del gobierno de Qiánlóng fueron lideradas por miembros de la camarilla de Héshēn, quien supervisó los proyectos para financiarlas. Asimismo, las finanzas del imperio también fueron notablemente prósperas en las décadas en que estuvieron gestionadas por Héshēn.
El momento clave, pues, que parece estar ligado a las actividades más corruptas de Héshēn, fue el final del reinado formal de Qiánlóng. El emperador abdicó en el año 1796, como un gesto de piedad filial hacia su abuelo Kāngxī 康熙, quien había reinado durante sesenta años —un reinado más largo que ningún otro emperador de China—. Qiánlóng, que había subido al trono en 1735, no quiso reinar más que su abuelo. Al menos, oficialmente, porque continuó ejerciendo como emperador de facto hasta su muerte en 1799.
Estos años tras la abdicación de Qiánlóng coincidirían con la época en que los rivales políticos de Héshēn dentro del Gran Consejo, que tenían ya una avanzada edad, se fueron retirando de sus cargos y fueron sustituidos por miembros jóvenes e inexpertos. Con ellos, desapareció la facción rival que servía de supervisión al grupo de Héshēn.
Asimismo, la senilidad del propio Qiánlóng, que iba perdiendo facultades progresivamente, permitió a Héshēn controlar las políticas de la corte en los años siguientes. Estos factores dejarían vía libre a Héshēn y los suyos para dar rienda suelta a sus actividades corruptas.
El emperador Qiánlóng 乾隆.
Una oportunidad que aprovechó Héshēn para enriquecerse fue la Rebelión del Loto Blanco (Chuānchŭ Báiliánjiào Qǐyì 川楚白蓮教起義), que había estallado en 1796. Durante los primeros años de la guerra que siguió, Héshēn controló el desembolso de fondos militares. Según se determinaría más tarde, más de la mitad de estos fondos fue desviada directamente a los bolsillos de comandantes corruptos.
Héshēn ocultaba al emperador informes de las derrotas infligidas a las tropas y milicias gubernamentales, inventando victorias falsas y ejércitos inexistentes. Más tarde se descubriría que una gran parte de los milicianos que se estaban reclutando para hacer frente a la rebelión eran “soldados fantasma”, y no existían en realidad. Sus nombres falsos figuraban en las listas de forma que los oficiales militares que supuestamente los mandaban pudieran embolsarse sus salarios, además de los fondos del equipo y provisiones que hubieran necesitado de haber existido.
Pero eso no era todo. Cuando los soldados de milicia reales morían en combate, sus familias debían recibir una compensación por defunción. Los oficiales corruptos hallaron la manera de embolsarse estas compensaciones económicas ellos mismos, lo que a su vez sirvió de aliciente para que enviasen más soldados a una muerte innecesaria.
La Guerra del Loto Blanco fue un desastre para la dinastía, en que se invirtieron enormes cantidades de fondos que nunca llegaron a utilizarse en la guerra. No obstante, la corrupción no fue la única causa de este desastre. Otros factores contribuyeron notablemente, como el surgimiento de otros levantamientos en diferentes regiones, las condiciones del terreno y el clima en que se luchaba, o la ausencia de generales competentes —pues algunos de los generales más capaces del equipo de Héshēn habían muerto en combate recientemente.
Es imposible extendernos aquí más en lo referente a la Rebelión del Loto Blanco, un evento histórico que merece al menos un extenso artículo en sí mismo. Baste recalcar, pues, que la corrupción, si bien no fue quizá el factor decisivo, sí fue al menos un gran lastre para la supresión de este levantamiento que duró ocho años.
Tras la muerte de Qiánlóng, su sucesor, el emperador Jiāqìng 嘉慶, no tardó en ordenar una investigación completa de los crímenes de Héshēn. Es interesante notar que, aunque la literatura sobre Héshēn lo hizo famoso como el hombre más corrupto de la historia china, los crímenes más importantes por los que fue procesado fueron políticos, y en su mayor parte corresponden a los años posteriores a la abdicación de Qiánlóng: falsificación de edictos, ocultación de informes, eliminación de nombres para nombramientos importantes, etc.
No obstante, fue su riqueza lo que más ha marcado su leyenda. Entre sus posesiones más destacables estaba su mansión de 730 habitaciones y una segunda residencia de 620 habitaciones; tierras de cultivo productivas cuya superficie sumaba casi 500 kilómetros cuadrados y multitud de objetos de oro y plata, jade y piedras preciosas. También era propietarios de varios bancos y casas de empeño.
Las estimaciones del valor total de sus posesiones van desde cifras imposibles como 800 millones de taeles (equivalente a cuatro veces todo el producto interior bruto de EEUU; una cifra totalmente sobreestimada), hasta la propuesta por Wook Yoon de cuatro millones de taeles, la cual es una cifra grande pero para nada inesperada en alguien de la posición de Héshēn. Seguramente la realidad esté en algún punto medio entre ambos extremos.
Tras su juicio, Héshēn fue obligado a suicidarse. El emperador Jiāqìng, por respeto a su hermana, casada con el hijo de Héshēn, permitió a éste ahorcarse con una cuerda de seda, en vez de ordenar su muerte por descuartizamiento, que era la que le correspondía por ley según sus crímenes.